Era de esperar que la reacción más decidida en contra de la Asamblea Constituyente fuera liderada por la prensa escrita. Lo realmente llamativo es la celeridad con que esta ha sacado al pizarrón a diferentes líderes concertacionistas a fin de obtener de ellos una prueba de fidelidad ideológica. A tal punto que el rechazo desde la institucionalidad política ha provenido principalmente de esas filas y no de la Alianza, la cual sólo participó de una primera arremetida comunicacional contra la Asamblea Constituyente.
El desconcierto lo provocaron Ignacio Walker y Ricardo Lagos cuando manifestaron que la Asamblea Constituyente era una opción perfectamente legítima en las actuales circunstancias. Luego, estos precisaron que la demanda surgía única y exclusivamente ante la negativa aliancista de llevar a cabo reformas políticas. Ambos personeros de la Concertación revelaron con prontitud que lo suyo evidentemente no era una convicción sino un recurso de amenaza para modificar lo único que les importa: el binominal.
Las dudas habían sido disipadas ya previamente por el propio Senador Walker. Antes de que Carlos Larraín revelara la privada conversación que sostuviera con él, fue el propio Senador quién afirmó que las constituyentes no eran de su agrado pero que el obstruccionismo de la Alianza no estaba dejando otra alternativa. Ricardo Lagos, pronto reforzó la verdadera naturaleza de sus dichos señalando que si la UDI se ponía a disposición de cambiar el binominal “¡se acabó la discusión de la asamblea constituyente!”.
Para ninguno de ellos la legitimidad de la institucionalidad pinochetista está en duda. De hecho, en este mismo debate, Ricardo Lagos ha afirmado que la reforma que él hizo a la Constitución “pasó el test democrático” por el simple hecho de haber eliminado a los senadores designados y vitalicios y haber disuelto el COSENA. En síntesis, para el ex presidente, el problema de la herencia autoritaria se reducía solo a sus formas más abyectas.
En su lugar, quienes sostenemos la pertinencia de una Asamblea Constituyente afirmamos que el actual marco institucional tiene un origen ilegítimo que todo demócrata se ve en la obligación de superar. A su vez, señalamos que el elemento autoritario y antidemocrático se haya no solo en su origen sino en una herencia que hasta hoy se manifiesta de manera transversal en cada uno de sus contenidos. Sin embargo, algunos representantes político-institucionales se afanan en afirmar exactamente lo contrario. Señalan que Chile posee instituciones democráticas sólidas que sólo se ven obscurecidas por algunos déficit democráticos o enclaves autoritarios que es posible dejar atrás por vía de la reforma parlamentaria que -según defienden- es el único mecanismo legítimo en la (ilegítima) institucionalidad política. Veintidós años de un reformismo ineficaz les contradicen brutalmente. En toda la historia de Chile, esta es la Constitución que más reformas ha tenido y es, a la vez, la que menos ha cambiado en su espíritu original.
Lo anterior no es casualidad. El actual marco institucional tiene una vocación de perpetuidad que el propio Jaime Guzmán no intentó ocultar. Con pasmosa sinceridad, el fundador de la UDI afirmó que esta institucionalidad estaba pensada para que “si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo [entiéndase, la dictadura] anhelaría, porque –valga la metáfora- el margen de alternativas posibles que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido como para hacer extremadamente difícil lo contrario”. Los abogados Pablo Ruiz-Tagle y Renato Cristi han sido ilustrativos al señalar como el objetivo de Jaime Guzmán ha tenido un correlato empírico de asombrosa precisión. Después de todas las reformas, podemos seguir describiendo el actual periodo constitucional como autoritario, antidemocrático y neoliberal. De ahí que se afirme que, además de estas características, ella tiene un carácter gatopardo. Sigue siendo exactamente la misma Constitución.
Con todo lo anterior, la elite política sigue negándose a reconocer decididamente ese hecho. Quienes aseguran que dentro del marco de la actual Constitución es posible modificar la misma no solo incurren en la aberración de pretenderla legítima sino que además pecan de ilusos o cínicos. Saben que ello no es posible, pero de todos modos actúan como si lo ignoraran. Después de veintidós años de una constitución dictatorial que se resiste a morir ¿Les cabe alguna duda de ello?
Tal parece ser el caso del Presidente del Senado, Camilo Escalona. Tras desestimar la existencia de una crisis de legitimidad, asegura que una reforma al binominal bastaría para salir del entuerto. Al igual que Ricardo Lagos, considera legítima la actual institucionalidad y estima que la única propuesta seria para el cambio constitucional es la que él mismo presentó junto al Senador Zaldívar. Ella abogaba por la conformación de una comisión bicameral en la cual diputados y senadores propusieran al Parlamento una nueva Constitución. Así como en aquella oportunidad el Senador manifestó rechazo por lo que calificó una “retórica pseudo-izquierdista”, ahora no dudó en señalar que quienes proponemos una Asamblea Constituyente estamos “consumiendo opio”. Bien podríamos preguntarnos de cual está fumando él para creer que, en el marco de una constitución espuria y llena de enclaves antidemocráticos, el poder constituido pueda parir una constitución legítima y representativa del interés general. El Senador Zaldívar volvió a insistir hoy en la inviabilidad de una Asamblea Constituyente y abogó por la reforma constitucional. Zaldívar considera que el veto de la UDI hace imposible la convocatoria a una Asamblea Constituyente pero, sin embargo, estima que los votos de la UDI estarán disponibles para una reforma. Insólito, a menos que entendamos por reforma dejar todo igual.
Perdonen que insista. Resulta ya evidente que los márgenes impuestos por la cancha autoritaria ha resultado en un gatopardismo que solo perpetúa el poder de veto de un dictador ya fallecido. Los parlamentarios de la Concertación pretenden continuar reproduciendo su infantilismo institucional, pero ello ya se ha hecho inaguantable para la inmensa mayoría de los chilenos que exigen la restitución de su soberanía política a fin de realizar por sí mismos los cambios fundamentales.
Argumento a nuestro favor, Fray Camilo Henríquez señalaba en Catecismo de los Patriotas que “una porción del pueblo no es la soberanía, ni puede ejercer la potencia soberana del pueblo entero (…) El pueblo tiene siempre derecho de rever y reformar su Constitución. Una generación no puede sujetar irrevocablemente a sus leyes a las generaciones futuras”. Como he señalado, aquello es justamente lo contrario a lo que ocurre con el marco institucional imperante y con la voluntad de un Parlamento porfiadamente decidido a defenderlo. Por ello, la Asamblea Constituyente emerge con fuerza como el mecanismo democrático por excelencia para recuperar nuestra condición de ciudadanos, restablecer nuestros derechos secuestrados y, devolver a Chile su calidad de República democrática.
Pero, en objeción a tan legítima demanda, varios parlamentarios han señalado que convocar a una Asamblea Constituyente equivale a renunciar a su labor de legisladores. Sin embargo, omiten en este argumento que la soberanía que ellos ejercen en el Parlamento descansa sólo arbitrariamente en sus manos pues fue usurpada violentamente a los chilenos. Hoy, la voluntad de una ciudadanía cada vez más digna la exige devuelta.
Como versa al inicio esta columna, la prensa ha instado a la elite política a reaccionar. Les ha aplicado el test de fidelidad ideológica y ha llamado a conspicuos líderes concertacionistas para que sigan operando como muro de contención. Si bien han sido muy eficientes en la tarea, difícilmente pueda ser esa una estrategia eficaz. La elite política no solo vive una crisis de representación, sino que la ciudadanía ya ha comenzado a observar en ella un comportamiento de actor antagónico.
Con respecto al debate en torno a la Asamblea Constituyente es preciso identificar esos antagonismos, así como también las ambigüedades. A quienes rechazan nuestra legítima aspiración de construir la República que queremos, hemos debido contestar con los sólidos principios que están a la base de democracias modernas. A quienes han hecho eco de la justa demanda ciudadana, les hemos compartido aquello que consideramos son elementos mínimos que permiten hablar con propiedad de una verdadera Asamblea Constituyente.
En ese sentido, y acorde al diagnóstico aquí trazado, resulta fundamental comprender que el ilegítimo poder constituido está imposibilitado de generar una Constitución democrática. Ello, obliga a llamar al poder constituyente originario, al único soberano posible: el pueblo. Un proceso constituyente originario implica que no se rige por ningún aspecto de la autocracia que se quiere dejar atrás. De modo que la actual Constitución no puede regir ningún aspecto del proceso constituyente que busca darla por superada (no puede estar sujeta a cuestiones como el veto del Parlamento, ni al del actual sistema electoral, ni al ilegítimo monopolio de representación vigente, entre otras instituciones arbitrarias).
Quienes pretendan convencernos de que la reforma constitucional o las comisiones bicamerales son mecanismos legítimos y efectivos, pues pecan de ilusos o de mañosos. Cuesta creer que tras veintidós años de ejercicio de la “profesión política” y de lidiar con esta institucionalidad sean incapaces de comprenderla. Ha de haber otra razón para que suscriban al principal recurso de la derecha chilena en su objetivo de perpetuar las actuales condiciones. Quizá corresponden a esa clase de conversos que no varían según la posición del sol, sino a esos que cambiaron sus principios de una vez y para siempre.
Santiago, 04 de septiembre de 2012
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