La crisis del sistema de AFP chileno

HUGO FAZIO

El país necesita reabrir la discusión sobre su sistema previsional de capitalización individual. Su existencia presentada hasta no hace mucho por sus inspiradores como ejemplo mundial ha sido colocada en el banquillo en la conferencia anual de la OIT, que conoció de una presentación efectuada por la delegación laboral chilena, basada en estudios efectuados por el Cenda. No debe haber confusión, la llamada reforma previsional tuvo el mérito de crear instrumentos de protección a sectores de la población al margen del sistema o que recibían retribuciones muy bajas. Sin embargo, no modificó el sistema de AFP, al contrario lo reforzó. La situación de sus aparentes “beneficiarios” se agravó por la crisis en los mercados financieros que deterioró gravemente sus ahorros, sin que el gobierno ni las administradoras se hiciesen cargo en lo fundamental del daño registrado. La protección social no puede seguir dependiendo de la fluctuación de mercados por esencia volátil. La debilidad de los sistemas de protección social vuelve a quedar al desnudo al agravarse por la crisis los niveles de desocupación. La protección social no puede limitarse a medidas asistenciales que producen sólo compensaciones de corto plazo.

La crisis del sistema de AFP chileno

La 98ª conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) acogió la denuncia presentada por la delegación laboral chilena, fundamentada en trabajos del Cenda, acerca de la “inviabilidad financiera del sistema chileno de pensiones” creado en los años de dictadura. La información ha sido silenciada por grandes cadenas de comunicación y hasta la fecha no ha dado lugar a reacciones públicas gubernamentales.

El sistema de administradoras de fondos de pensiones ha sido presentado por sus defensores y por las administradoras de AFP como “un ejemplo mundial”. La resolución de la conferencia de la OIT destruye esta aseveración afirmando que se encuentra organizado “sin considerar a los principios de solidaridad, riesgos compartidos y financiamiento colectivo que forman la esencia de la seguridad social”. La conclusión es muy grave dado que sólo hace algo más de dos años se aprobó una ley de reforma al sistema creado en el período de dictadura y las medidas en materia de protección social son consideradas como el gran logro de la actual administración. Es un terreno donde se han producido avances, pero las carencias son siempre muchas y muy graves.

La reforma efectivamente dio un paso adelante al establecer la Pensión Básica Solidaria, para las personas que no contaban con ahorro previsional y tenían 65 años o más, y un Aporte Previsional Solidario para quienes percibían pensiones muy bajas. Sin embargo, dejó inmodificado el sistema de AFP y, al contrario, lo reforzó. La resolución de la OIT valoró el establecimiento en la reforma del pilar público solidario, que descansa en recursos presupuestarios, pero con razón recalcó que ello no constituye “cambios mayores en el esquema privado establecido en 1980, que subsiste como obligatorio para los trabajadores.

La crisis financiera dejó en evidencia que un sistema de protección social no puede ser un “casino” entregado a la evolución que tengan los volátiles mercados financieros. El ministro de Hacienda defendió la tesis que hasta un 80% de los fondos acumulados podía colocarse en el exterior en activos financieros, lo cual constituye una insensatez tanto desde el punto de vista de los intereses nacionales, ya que desvía al exterior recursos generados por ahorro interno, particularmente de los trabajadores –cuya opinión no es tomada en cuenta- como por la fuerte volatilidad de los mercados financieros, particularmente en la coyuntura mundial actual.

Los personeros de las AFP han interpretado la recuperación de las bolsas mundiales desde marzo como una ratificación, como lo señaló el gerente de inversiones de las AFP Capital, controlada por el consorcio transnacional de origen holandés ING, Roberto Perales, que “estas inversiones deben ser evaluadas en un contexto de largo plazo” (07/07/09). La reunión efectuó esta evaluación. El documento presentado por la CUT a la reunión de la OIT demostró “que la crisis mundial ha puesto en evidencia la inestabilidad financiera del sistema chilena privatizado de pensiones y de su desarrollo sostenible”, es una burla para las personas que debieron jubilar o están próximos a hacerlo. Sus ahorros se deterioraron fuertemente por lo cual la jubilación esperada se contrajo drásticamente. Más aún la caída de los ingresos en los hogares se transformó en otro factor contractivo.

En 2008, todos los sistemas de capitalización individual de América Latina experimentaron rentabilidades negativas, con la única excepción de la República Dominicana, país en donde mayoritariamente los fondos estuvieron colocados en títulos de renta fija, especialmente en deuda gubernamental. Por tanto, no quedaron entregados a la volatilidad de los mercados. La Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones constató que a consecuencia de pérdidas registradas en las inversiones efectuadas los fondos de capitalización individual latinoamericano experimentaron en conjunto pérdidas ascendentes a US$45,5 mil millones, o de un 20% si se mide porcentualmente. Los países en donde se reprodujo parcialmente en mayor medida el esquema establecido en Chile experimentaron consecuencias más negativas al colocarse los recursos fundamentalmente en títulos de renta variable. Y se trata de un sistema al cual mensualmente ingresan casi US$300 millones por nuevas cotizaciones y que al 30 de junio tenía acumulado US$100.244 millones.

Los riesgos futuros siguen siendo considerables debido a que - como dice el texto presentado por la delegación laboral del país- “el sistema chileno se ha tornado inviable por la insolvencia generalizada a nivel mundial de la industria aseguradora develada por la crisis”.

Los jubilados por el sistema privado de pensiones en un alto porcentaje contratan una renta vitalicia, para lo cual deben traspasar a compañías aseguradoras el total de sus fondos acumulados, los cuales le serán con el tiempo devueltos gradualmente. Es un seguro abusivo en que los “beneficiarios” deben entregar anticipadamente los recursos que les pertenecen. Constituye un sistema diseñado en beneficio de las compañías aseguradoras, que terminan siendo grandes beneficiarias de un sistema de ahorro obligatorio de los trabajadores chilenos.

Aseguradoras transnacionales con filiales en Chile han sufrido el golpe de la crisis financiera, experimentando las consecuencias del manejo especulativo efectuado de fondos de terceros, incluyendo recursos pertenecientes a imponentes chilenos. Al comenzar julio, o sea después de concluida la conferencia de la OIT y sin que hubiese reacción de las autoridades chilenas para poner a resguardo los fondos de los imponentes, el patrimonio bursátil de American Internacional Group (AIG) había experimentado en dos años – es decir desde el inicio de la crisis – una caída de 98,7%; el de la holandesa ING de 79,1%; las norteamericanas Principal Financial Group de 73,9% y Metlife de 60,4%. Al no tener en consideración los principios básicos de seguridad social de la OIT se expuso, a los imponentes del sistema de AFP, como lo demuestra la experiencia vivida a grandes deterioros financieros que pueden ser todavía aún superiores. El tema de fondo subsiste: la seguridad social no puede quedar entregada a la volatilidad de los mercados financieros. De otra parte, la experiencia muestra que alzas en los títulos accionarios no siempre expresan recuperaciones sostenibles. “En el gran crash de la bolsa de Estados Unidos entre 1929 y 1932 – recordó el economista Hernán Cortés-, hubo cuatro rebotes en que las acciones subieron más de 20%, y, sin embargo, las acciones cayeron casi 90% desde su punto más alto en 1929 a su punto más bajo en 1932” (24/06/09).

AIG sobrevive con cargo a los contribuyentes norteamericanos que le han financiado en US$180.000 millones, suma algo mayor al producto interno bruto anual de Chile. En 2008 experimentó pérdidas por US$99.300 millones y en enero-marzo de 2009 registró cifras nuevamente en rojo ascendentes a US$4.350 millones. El financiamiento se les ha concedido con la “teoría” de que las grandes instituciones financieras no pueden quebrar porque su costo sería, como dijo el vicepresidente de la Reserva Federal, David Kohn, “inaceptablemente alto”. “La quiebra desordenada de instituciones sistemáticamente importantes durante este período de severa tensión financiera – argumentó Kohn – sólo profundizaría la actual recesión económica” (06/03/09). Esta concepción de las autoridades norteamericanas se da como argumento para mantener vigentes a empresas que con sus acciones especulativas fueron responsables fundamentales de la crisis. En este tipo de empresas están “aseguradas” los recursos de imponentes previsionales chilenos.

El paso a dar, como lo planteó el documento presentado por la delegación laboral chilena, es reconstruir el sistema público de pensiones, con particular urgencia para quienes están próximos a jubilar, asegurándolos por el Estado “una pensión en los mismos términos que si no se hubiesen cambiado a las AFP después de 1981”.

El país tiene condiciones financieras para reconstruir a plenitud el sistema de repartos dado los US$6.000 millones recaudados anualmente por las AFP. Nada justifica no hacerlo e insistir en un sistema de “ahorro privado”, cuyas consecuencias negativas han sido muy grandes. El gobierno debe responder a la crítica realizada internacionalmente. Con anterioridad se ha negado a hacerlo frente a exigencias internas. Peor aún, como recuerda la OIT tampoco se ha contestado a la fecha sus observaciones efectuadas el año 2000, o sea cerca de una década atrás, de “incumplimiento de normas internacionales aceptadas por Chile en lo referente a i) un sistema de pensiones administradas por organizaciones sin fines de lucro; ii) participación de los representantes de las aseguradoras en la administración del sistema, y iii) aporte patronal de recursos al sistema de seguros”.

La crisis económica no sólo mostró la precariedad del sistema de protección social previsional. Otro tanto sucede con un tema tratado a fondo en la conferencia de la OIT, el del desempleo. No existe duda alguna que el país sufre el drama de un desempleo estructural. Transcurrió una década desde la anterior recesión, experimentada por la economía chilena a mediados de 1998, sin que nunca se recuperara en todo ese lapso la tasa de desocupación existente previa a dicho curso contractivo. Sin embargo, subsiste un seguro de desempleo que, a pesar de los retoques efectuados durante el actual gobierno, es extraordinariamente precario.

El drama de la desocupación es un tema no sólo chileno. La Segunda Reunión de Ministros de Hacienda de América Latina y el Caribe, efectuada en Viña del Mar a comienzos de julio, debió constatar que el problema de la desocupación en la región, seguirá agudizándose en los próximos meses, en economías que en promedio según el Banco Mundial se contraerán durante 2009 entre 1% y 2%, generando en la estimación del organismo internacional ocho millones más de pobres en la zona. Sin embargo, en la región – tampoco en Chile – aparecen medidas fuertes de cómo enfrentar sus consecuencias, que no se resuelven exclusivamente con medidas asistenciales, por positivas que ellas sean.

HUGO FAZIO