Ex Presidente de la Comision de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional de Francia, Presidente de la Asociación Francesa por una Asamblea Constituyente (publicada en el diario Le Monde de París -
Versión española de Luis Casado
Frente a las amenazas que se ciernen sobre el planeta, y frente a las recomposiciones de la geopolítica mundial, las élites francesas y más generalmente occidentales se quedan encerradas en un discurso que ellas mismas fabricaron y que corresponden a intereses muy restringidos.
Dichas élites consideran todo cuestionamiento de las restricciones generadas por la mundialización, o por su construcción europea, como un delito de blasfemia. Nuestro país afronta una crisis excepcional: su gobierno ha perdido toda autonomía de acción y justifica como inevitables políticas que tienen consecuencias económicas y sociales catastróficas; paralelamente el pueblo es privado de su poder político mediante el continuo desconocimiento de los instrumentos normales de la democracia.
Tal situación podría parecer insoluble y conducir al fatalismo, a cuestionamientos violentos o a derivas extremistas.
Sin embargo existe una solución pacífica: la elección de una Asamblea Constituyente para terminar, -bajo el control del sufragio universal-, con instituciones sin raíz alguna y refundar la vida política sobre las cuestiones de fondo que preocupan a los franceses.
En efecto, el alejamiento entre electores y elegidos se ha transformado en una fuente de graves tensiones en nuestro país. El 29 de mayo 2005, con una participación de alrededor del 70%, 55% de los electores rechazaron el tratado constitucional europeo. Las élites de todas las tendencias despreciaron ese voto e hicieron pasar a la fuerza un tratado gemelo, el tratado de Lisboa.
En septiembre-octubre 2010 millones de ciudadanos manifestaron contra la reforma de la previsión. No obstante la reforma fue adoptada por el Parlamento, bajo conminatoria demanda presidencial. Si el voto es el atributo indispensable de la democracia, esta no podría resumirse en él. La democracia debe permitir la expresión de contradictorios intereses políticos y sociales fundamentales. Decir que porque fue elegido el presidente de la República tiene todo el poder, aparenta más el régimen a una monarquía que a una República.
Cuando los principales partidos están de acuerdo en lo esencial, en particular en materia económica, cuando las directivas de Bruselas priman sobre la ley nacional, la fórmula de “gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo” empleada en la actual Constitución aparece como una agresión y un menosprecio.
Si el pueblo, soberano teórico, no puede ni expresar ni ver aplicada su voluntad ni por las urnas ni mediante manifestaciones pacíficas, ¿entonces cómo? ¿Mediante la desesperanza? ¿La violencia? No hay que sorprenderse del aumento de la abstención, -60% en las elecciones europeas, 55% en las cantonales-, o de la desafección respecto a los grandes partidos, de la cual el 21 de abril 2002 fue un símbolo tan fuerte (eliminación en la primera vuelta del candidato socialista Lionel Jospin y paso a la segunda vuelta del neofascista Jean-Marie Le Pen. Nota del traductor).
Tampoco habrá que sorprenderse si la situación se degrada en los meses y años venideros. Las instituciones y el juego de partidos ya no permiten representar la realidad de la sociedad ni responder a los desafíos de un mundo en transformación. Es este foso entre electores y elegidos lo que aprovecha el Frente Nacional (partido neofascista. Nota del traductor).
El país necesita instituciones reconocidas como legítimas por los ciudadanos, de capas medias dinámicas. Algunos intentan reformar el sistema institucional del interior, lanzando una enésima renovación, o buscando el candidato (centrista, ecologista, izquierda no PS, gaullista…) ideal para la elección presidencial. Si estas tentativas son respetables, subestiman lo que la experiencia de estos últimos treinta años ha revelado: las lógicas institucionales, los jueguitos partidarios y la necesidad de alianzas los condenan a la marginalidad.
Hay quien busca resolver la cuadratura del círculo llamando a una Constituyente europea, manera de garantizar la preeminencia de la Unión recuperando el término en beneficio de un mítico pueblo europeo; otros piden una Sexta República (la actual es la Quinta. Nota del traductor).
Estas proposiciones niegan una evidencia: para recrear una dinámica democrática las instituciones no pueden ser “concedidas” (por quienes tienen el poder. Nota del traductor); la reconstrucción institucional debe emanar del único actor político reconocido y legítimo: el pueblo francés. Sólo una Asamblea Constituyente elegida en Francia por medio del sufragio universal directo puede responder a esta exigencia fundamental, como fue el caso en los momentos clave de nuestra historia en los que las élites habían fallado (1789, 1848, 1946).
Factor de repolitización, la Asamblea Constituyente revitalizaría una sociedad anestesiada por los falsos debates y la carrera obscena al golpe mediático y al interés personal con los cuales se delectan los consejeros en comunicación de la extrema izquierda a la extrema derecha.
Hoy en día la crisis política y social es tan profunda que la cuestión principal es saber cómo se efectuará el cambio que se impone.
A todos aquellos que rehúsan las opciones violentas y desean que la participación de los ciudadanos en la vida política marginalice a los extremos, la Asamblea Constituyente le ofrece una alternativa unitaria, constructiva y democrática a la desesperanza y al fatalismo que se apoderan de numerosos franceses de diferentes opiniones.
Ella deberá definir los nuevos medios (instituciones, financiamiento de la vida política, participación ciudadana…) que permitan a la vez la redinamización de la democracia, la renovación de las élites y la revitalización del país en un mundo en profunda mutación.
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